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¿Qué es la Ley de Estadounidenses con Discapacidades?

Fue firmada por: El presidente George H. W. Bush
El: 26 de julio de 1990

Significado: Protege los derechos civiles de las personas con discapacidad de muchas maneras.
Resumen: La Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés) tuvo un gran apoyo tanto del partido republicano como del demócrata en el Congreso Estadounidense. Cuando fue promulgada en 1990, el presidente H. W. Bush habló, vinculando las metas de la Ley ADA con la Declaración de Independencia. La Ley ADA incluye una definición de discapacidad y tiene cinco títulos (secciones) que prohíben una amplia gama de discriminaciones.

La promulgación de la Ley ADA

La Ley ADA fue bien recibida por el Congreso de los Estados Unidos. Fue aprobada por la Cámara de Representantes por una votación de 377 a 28 y en el Senado por una votación de 91 a 6.

Cuando el presidente George H. W. Bush firmó la Ley ADA en 1990, explicó como la Ley ADA encaja con las metas de los Estados Unidos y lo que esperaba lograr, diciendo:

“Nuestro éxito con esta Ley demuestra que estamos honrando el espíritu de nuestros antepasados valientes que escribieron en la Declaración de Independencia: ‘Sostenemos como evidentes estas verdades, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su Creador con ciertos derechos inalienables’. Estas palabras han sido nuestra guía durante más de dos siglos mientras hemos trabajado para formar una unión más perfecta. Pero trágicamente para muchos estadounidenses, las bendiciones de la libertad han sido limitadas o incluso denegadas. … Legalmente proveerá una expansión poderosa de protecciones y luego derechos civiles básicos a nuestra comunidad de discapacitados. Garantizará el acceso equitativo y justo a los frutos de la vida estadounidense que todos debemos poder disfrutar. … Juntos debemos eliminar las barreras físicas que hemos creado y las barreras sociales que hemos aceptado. Ya que nuestra nación nunca será una nación realmente próspera hasta que todos los que la compongan prosperen”.

Puede ver un video de C-Span de la firma y el discurso del presidente.

Definición de la discapacidad

La Ley ADA, al contrario de otras leyes relacionadas con la discapacidad, no define la discapacidad basándose en un diagnóstico médico. Más bien lo hace con una definición funcional. Esto es lo que dice:

El término “discapacidad” significa, en cuanto a una persona—

  1. Una discapacidad física o mental que limita sustancialmente una o más actividades importantes de la vida de esa persona;
  2. un historial de tal discapacidad; o
  3. que se estime que tenga una discapacidad.[1]

Las personas a menudo se refieren a cada parte de la definición como un “elemento”. Solo uno de los elementos tiene que ser cierto para que una persona tenga una discapacidad bajo la Ley ADA. Debido a que puede ser difícil saber exactamente lo que se entiende por la definición de discapacidad de la Ley ADA, la Ley de Enmiendas a la Ley ADA (ADAAA, por sus siglas en inglés) provee unas aclaraciones importantes.

[ Vea también: ¿Quiénes están protegidos por la Ley ADA? ]

Los cinco títulos de la Ley ADA

Demos un vistazo más de cerca a cada título.

Título I: Empleo

EL Título I aplica a todos los patronos con 15 empleados o más. Establece que los patronos no pueden discriminar contra los solicitantes de empleo o los empleados con discapacidad en cuanto a contrataciones, salario, ascensos, licencias, beneficios y todas las demás actividades laborales. El Título I también dice que los patronos no pueden hacer preguntas acerca de discapacidades más allá de los formularios de autoidentificación propia.[2] Además, los patronos tienen que proveer ajustes razonables, a menos de que sean una carga indebida financiera, de personal o recursos.[3]

Deben estar preguntándose, ¿Qué es un ajuste razonable? Según la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC, por sus siglas en inglés), un ajuste razonable es “cualquier cambio en el entorno laboral o en la forma habitual de hacer las cosas que permite que una persona con discapacidad pueda disfrutar de igualdad de oportunidades de empleo”.

[ Vea también: Sobre Adaptaciones Razonables en el Lugar de Trabajo ]

La EEOC hace cumplir con el Título I, a veces coincidiendo con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

Título II: Servicios del Gobierno Estatal y Local

El Título II requiere que las personas con discapacidad no sean excluidas de los programas, servicios, empleos y actividades provistas por entidades de los gobiernos estatales y locales. Algunos ejemplos son las bibliotecas y escuelas públicas. Otros ejemplos son los tribunales estatales y locales, las alcaldías y parques municipales, así como las vías y aceras públicas. También aplica a los contratistas del gobierno. Sin embargo, no incluye al gobierno federal, que está cubierto por la Ley de Rehabilitación.

Un término que surge mucho en el Título II es entidad pública. Generalmente, una entidad pública es un gobierno estatal o local, así como cualquier agencia, oficina o departamento administrado por un gobierno estatal o local.

El Título II tiene dos partes, la Parte A y la Parte B. La Parte A abarca las entidades públicas en general, y la Parte B abarca el transporte público.

[ Vea también: La Ley ADA y los proveedores de transportación ]

El Título II está diseñado para garantizar la igualdad de oportunidades, participación y beneficios para las personas con discapacidad. El Título II también prohíbe preguntas innecesarias acerca de discapacidades y recargos asociados con el cumplimiento del Título II. También prohíbe los criterios de elegibilidad que descartan a las personas con discapacidad sin razones legítimas de seguridad.

Bajo el Título II, los gobiernos estatales y locales deben lograr el acceso a los programas mediante modificaciones razonables a menos que ello cause una alteración fundamental en la naturaleza de un servicio o programa o cause una carga excesiva en términos financieros y administrativos. Pero las entidades de Título II no tienen que hacer que cada facilidad sea accesible siempre y cuando ofrezcan acceso equivalente a cada programa.

En el contexto de la Ley ADA, el acceso a los programas es un término técnico. Es así porque el manual de asistencia técnica provisto por el Departamento de Justicia para explicar el Título II de la Ley ADA tiene una redacción específica—y extensas—sobre lo que significa el acceso a los programas. Generalmente, el acceso a los programas significa que una persona con discapacidad puede participar en cualquier programa o servicio ofrecido por una entidad pública, siempre y cuando haya alguna manera razonable de hacer que suceda. Una manera razonable sería mover una clase, procedimiento judicial u otro servicio ofrecido a un lugar accesible. (Este tipo de acceso es diferente al requerido por la Ley ADA en el Título III para las empresas).

El Título II también dispone que las políticas, prácticas y procedimientos deben proveer ajustes razonables para evitar discriminar o excluir a las personas con discapacidad a menos que ello  altere fundamentalmente su naturaleza. Esto incluye ofrecer comunicación eficaz a personas que tienen discapacidades auditivas-, visuales- o relacionadas al habla, tales como ayudas y servicios auxiliares.

Un ejemplo de una ayuda auxiliar puede ser tan simple como proveer lápiz y bolígrafo para tomar notas a mano. También puede incluir materiales accesibles, como proveer un folleto en letra grande, Braille o formato digital. Los servicios auxiliares incluyen a los intérpretes de lenguaje de señas y a los tomadores de notas.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos hace cumplir los Títulos II y III de la Ley ADA. El Departamento de Transporte es responsable de establecer las regulaciones de la Parte B del Título II.

[ Vea también: La Ley ADA y el Título II Entidades Públicas ]

Título III: Lugares de Acceso al Público en General

El Título III cubre los lugares de acceso al público en general.

Un lugar de acceso al público en general significa, por ejemplo, una tienda abierta al público. De hecho, significa cualquier lugar abierto al público donde se lleve a cabo el comercio. Otros ejemplos son los bancos, restaurantes, teatros y hoteles. También incluye las escuelas y universidades privadas, museos, centros comerciales, boleras y estadios deportivos, así como spas, hospitales y zoológicos. El Título III también cubre la transportación privada (el Título II cubre la transportación pública).

El Título III requiere que los lugares que proveen servicios al público en general no discriminen por motivos de discapacidad en la prestación de bienes y servicios. También requiere que remuevan todas las barreras estructurales y arquitectónicas a la accesibilidad si tal remoción es fácilmente realizable, y que la nueva construcción y alteración de facilidades deben cumplir con los Estándares de Diseño Accesible de 2010 de Ley ADA.

Vea también: Acerca de las Normas de diseño accesible del 2010 de la ley ADA ]

El Título III define “fácilmente realizable” como “que se pueda realizar fácilmente sin mucha dificultad o gastos”. Es una obligación continua que debe reevaluarse continuamente para determinar si existen obstáculos al acceso, y de ser posible, removerlas.

Al igual que el Título II, el Título III prohíbe preguntas innecesarias sobre la discapacidad, los recargos asociados con el cumplimiento del Título III y criterios de elegibilidad que excluyen a las personas con discapacidad sin motivos legítimos de seguridad.

El Título III también requiere modificaciones razonables para garantizar el acceso para las personas con discapacidad, a menos que ello cause una alteración fundamental en la naturaleza de un servicio o programa o cause una carga excesiva financiera y administrativa. Además, el Título III requiere que los lugares de acceso al público provean servicios y ayudas auxiliares para facilitar las comunicaciones.

[Vea también: La Razón de Ser de la Ley ADA y su Negocio ]

Ya que el Título III abarca las escuelas y universidades privadas, incluye normas para exámenes y cursos: las entidades cubiertas deben ofrecer  exámenes y cursos de manera accesible para las personas con discapacidad u ofrecer una alternativa accesible. Además, los exámenes deben ser administrados de manera que los resultados reflejen de forma precisa la aptitud o el nivel de logro de la persona que los toma, no el impedimento.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos aplica los Títulos II y III de la Ley ADA.

Título IV: Telecomunicaciones

Al tratar específicamente las necesidades de las personas con discapacidades auditivas y del habla, el Título IV de la Ley ADA requiere que las compañías telefónicas establezcan servicios de enlace de telecomunicaciones (TRS). También requiere subtítulos de todos los anuncios de servicio público pagados con fondos federales.

La Comisión Federal de Comunicaciones hace cumplir el Título IV.

Título V: Disposiciones Misceláneas

El Título V incluye varias disposiciones, que, en su mayoría, aplican bajo los otros títulos. Protege contra las represalias, la intimidación, la coerción, las amenazas o interferencia con personas que buscan ejercer sus derechos, o quienes alienten o ayuden a otros a hacerlo. También protege a las personas sin discapacidad si abogan o testifican por las personas con discapacidad.

Además, el Título V dispone las siguientes disposiciones misceláneas:

Entender la Ley ADA

La Ley ADA, con su amplia definición de la discapacidad y sus cinco títulos, otorga  derechos civiles a las personas con discapacidad en muchas esferas. Estas áreas incluyen lugares educativos y de empleo, gobiernos estatales y locales, transporte, tiendas, y servicios—incluyendo servicios médicos—y el uso de la telefonía y el Internet.

 

[1] ADA.gov. Americans with Disabilities Act of 1990, as amended.

[2] US Equal Employment Opportunity Commission (1995). Enforcement guidance: Preemployment disability-related questions and medical examinations; US Equal Employment Opportunity Commission (2005). Enforcement guidance on disability-related inquiries and medical examinations of employees under the ADA.

[3] US Equal Employment Opportunity Commission (2002). Enforcement guidance on reasonable accommodation and undue hardship under the ADA.

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